Lanzan guía legal en California tras amenaza de detenciones masivas en hospitales, iglesias y escuelas
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Los Ángeles — Para proteger a los inmigrantes de la agenda de detenciones masivas de la administración de Donald Trump, que pide a las autoridades locales el arresto de personas en el trabajo, escuelas y hasta iglesias, el Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), ha lanzado una línea directa de recursos legales de respuesta rápida para los miembros de la comunidad del sur de California detenidos por agentes de control de inmigración.
Laura Urias, directora de programas en Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), dijo que la detención separa a las familias y expone a las personas al abuso y, a veces, incluso a la muerte.
“California da la bienvenida a los inmigrantes que llegan a nuestro estado en busca de seguridad o para reunirse con sus familias, y esos nuevos residentes fortalecen nuestra economía y nuestras comunidades”, dijo Urias.
Afuera de una Home Depot Antonio Torres busca empleo, pero esta vez lo hace alejado de sus compañeros y en una esquina donde puede ver vehículos entrar y salir de un estacionamiento en el centro de Los Ángeles.
La andanada de órdenes ejecutivas de la administración Trump tiene como objetivo infundir miedo y sembrar el caos. Cuando el liderazgo nos falla, debemos construir el poder comunitario”, sostuvo Urias luego de anunciar la creación de la línea directa en inglés y español de lunes a viernes de 9 a. m. a 4 p. m.
El número de ayuda fue lanzado este 22 de enero justo cuando La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU del Distrito de Columbia y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York sometieron una demanda contra la administración de Donald Trump por su plan de expandir masivamente las deportaciones aceleradas sin un proceso legal justo.
“Ampliar la deportación acelerada le daría a Trump un código de trampa para eludir el debido proceso y la Constitución, y nuevamente estamos aquí para luchar contra eso”, dijo Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en este caso.
En 2025, California implementará una serie de leyes que afectarán sectores clave como la educación, el consumo y la vivienda.
“Las personas que viven en comunidades en todo Estados Unidos corren el riesgo de ser separadas de sus familias y expulsadas del país sin ningún recurso legal. Esto es un ataque a las comunidades, a nuestra Constitución y a los valores estadounidenses fundamentales”, añadió.
La política de Trump se dirige a los inmigrantes de todo el país que no pueden demostrar que han estado en el país de forma legal continua durante dos años o más. El debido proceso exige que obtengan una audiencia justa, de la que esta nueva norma se los priva.
La demanda de ACLU fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C, mientras activistas a lo largo y ancho de la nación han levantado la voz.
En el corazón del Valle de San Fernando, un grupo de madres latinas transformó una iniciativa comunitaria en un movimiento que sigue cambiando vidas.
Entre las directivas de Trump se encuentra otorgar permiso al ICE para realizar arrestos en lugares sensibles como iglesias, escuelas, hospitales y supermercados; amenazar con arrestos a los líderes locales que se resistan a los excesos federales; y detener los programas de reasentamiento de refugiados, incluso para familias que ya han pasado por años de rigurosos procesos de investigación.
Kerri Talbot, directora ejecutiva de Immigration Hub, dijo que estas nuevas órdenes son un modelo escalofriante de crueldad contra los niños y las familias.
“La imagen del personal militar en la frontera no es más que un teatro político y una exhibición aún mayor de su enfoque atroz hacia las familias que buscan seguridad. Además, al atacar a las familias en las escuelas, a los ancianos en los supermercados y a los fieles en las iglesias, la administración está convirtiendo la vida cotidiana en un campo de batalla”, sostuvo Talbot.
Cuando Julio Alberto Ramos escuchó por primera vez que un candidato a presidente, en aquel entonces Donald Trump, acusó a los inmigrantes mexicanos de ser criminales, le ofendió este ataque.
La activista añadió que estas acciones no reducirán los costos para las familias ni reforzarán su seguridad; más bien, profundizarán las cargas económicas al perturbar las fuerzas de trabajo y desviar los recursos de las fuerzas del orden de las amenazas reales a la seguridad pública.
La ACLU también escribió este 23 de enero una carta pública al Fiscal General interino James McHenry, que sostiene el memorando del Departamento de Justicia que amenaza a los funcionarios locales con un proceso penal por negarse a llevar a cabo la agenda de deportación masiva de la administración Trump carece de fundamento legal y es perjudicial para las comunidades.
“La Constitución y nuestras leyes son claras: el gobierno federal no puede intimidar a los funcionarios estatales para que lleven a cabo deportaciones, ni puede castigarlos por negarse a hacerlo”, dijo Deirdre Schifeling, directora política y de defensa de derechos de la ACLU.
“Entendemos que los controles y contrapesos, incluida la autoridad de los estados para dirigir el uso de sus recursos, pueden ser frustrantes para el presidente. Sin embargo, el Departamento y esta administración están sujetos a la Constitución. Los gobiernos estatales y locales no pueden ser obligados a llevar a cabo la agenda política de la administración Trump de sembrar miedo y división en nuestras comunidades”, dijo Schifeling.
La carta de ACLU destaca además que la Décima Enmienda y el precedente de la Corte Suprema afirman que el gobierno federal no puede obligar a los estados a hacer cumplir la ley federal. Además, detalla que los tribunales han abordado específicamente las solicitudes del ICE de asistencia para la deportación y han sostenido que estas solicitudes son y deben ser voluntarias, y que el propio ICE ha admitido repetidamente que sus solicitudes no son obligatorias.
Un informe reciente de American Immigration Council concluye que cualquier esfuerzo de deportación masiva en una sola operación podría costar al gobierno federal al menos 315 mil millones de dólares y significa devastación y desastre económico para comunidades de todo Estados Unidos, agregando gastos presupuestarios directos (los gastos asociados con el arresto, la detención, el procesamiento legal y la deportación) que el gobierno federal tendría que pagar, como en términos del impacto en la economía y la base impositiva de Estados Unidos si estas personas fueran expulsadas de la fuerza laboral y del mercado de consumo.
“Deseamos enfatizar que esta cifra es una estimación muy conservadora. No tiene en cuenta los costos a largo plazo de una operación sostenida de deportación masiva ni los incalculables costos adicionales necesarios para adquirir la capacidad institucional para expulsar a más de 13 millones de personas en un corto período de tiempo, incalculables porque simplemente no existe una realidad en la que sea posible una operación tan singular”, dice el informe.
Héctor Sánchez Barba, presidente y director ejecutivo de Mi Familia Vota, dijo que la comunidad latina contribuye muchísimo al beneficio económico y cultural del país.
“Sabemos que los inmigrantes, ya sea en la industria agrícola, la construcción, corporaciones multimillonarias o científicos destacados, son esenciales. Su arduo trabajo y tenacidad son un testimonio de todas las cosas que hacen que nuestro país sea grandioso. Seamos claros, los inmigrantes no sólo contribuyen: los inmigrantes son la base de este país”, dijo.
La guía legal de Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) es (213) 833-8283. Obtenga más información en www.immdef.org.
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