La serie de decretos antiinmigrantes y las amenazas de deportaciones de Trump aleja a la comunidad de sus actividades cotidianas
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LOS ÁNGELES — Pánico. Zozobra. Encierro.
En una frenética ciudad como Los Ángeles, caminar por los callejones y espacios recreativos, o permanecer en el interior de restaurantes latinos, igual en tiendas y ferreterías, no es habitual encontrarse con lugares semivacíos o vacíos. En la última semana eso ha sido algo normal.
En diferentes áreas de esta bulliciosa urbe angelina el ambiente parece desolador. El dinamismo que brinda la comunidad migrante ha menguado, hay personas que han optado por dejar de trabajar, otras han preferido alejarse de lugares públicos y algunas se han autodeportado.
La respuesta de cada persona ha sido dispar, la paranoia se ha extendido debido a los ataques y declaraciones del presidente Donald Trump. Elisa Jiménez, psicóloga y directora ejecutiva de California Mental Health Connection, reconoce que es normal que exista temor y plantea que se debe tener precaución acompañada con orientación profesional en el campo legal.
—Las personas tienen que seguir haciendo su vida, no tienen que estar encerradas; hay que valorar a la familia y todo lo que uno tiene —señaló Jiménez.
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Jueves, 23 de enero. Han transcurrido un poco más de 72 horas desde que Trump fue juramentado como presidente. En su regreso a la Casa Blanca, el mandatario comenzó a firmar decretos en los que ratifica sus promesas de campaña. Se ha empecinado en atacar y expulsar a los inmigrantes indocumentados.
Eran las 10:10 a.m. cuando ingresé a un restaurante en los alrededores del MacArthur Park. En un principio vi normal que el local estuviese vacío. Solo dos mesas estaban ocupadas. En lo que hago tiempo para observar el ambiente, ordené un café y un desayuno.
—¿Cómo va a querer su desayuno?
—Huevos revueltos con vegetales —respondo.
Después de 50 minutos, cuando ya había tomado tres tazas de café, veo que los otros comensales no estaban. Como en una especie de goteo luego llegan otros clientes. En una jornada regular, en este y otros locales, cuando se acerca la hora de servir el almuerzo el ritmo es trepidante. La escena de hoy es irreconocible.
Los arrestos de personas inocentes junto a criminales, bajo el régimen de excepción en El Salvador, ha provocado un torrente de críticas de los defensores de derechos humanos
En una esquina del emblemático parque, cerca de una venta de comida ubicada bajo una carpa, a las 11:46 a.m. me encontré a Estela engullendo unas enchiladas. Esta inmigrante salvadoreña, con un estatus irregular como muchas de las personas que la rodean, se dedica al comercio. Lleva más de 11 años en este punto de la ciudad.
—¿Cómo está el flujo de personas hoy? —la cuestiono.
—La gente que ve pasar aquí son los mismos trabajadores, los clientes son pocos.
En un día normal, el sonido de bocinas es estridente, al activarse la luz verde de los semáforos uno se tiene que apartar por el convulso flujo de peatones. Hoy, las calles lucen vacías. El sonido que se escucha es de las gaviotas que entran y salen del lago del parque. Los vendedores ambulantes se han colocado como de costumbre, pero los consumidores han reducido sustancialmente su circulación por la zona.
—¿Usted cree que tenga relación con la llegada de Trump? —pregunto.
—Si, lo que veo es que hay un 80% menos de personas; yo lo he notado desde el sábado, dos días antes de que tomara el poder. Así ha estado toda esta semana.
Enfrente de la salida del Metro, en la esquina de las calles Alvarado y 7th, había un poco más de actividad; todavía no era la habitual. Los comerciantes ofrecen desodorantes, perfumes, pasta dental, audífonos, camisas, pantalones y calcetines. Antes, en esta área los vendedores eran mayoritariamente latinos, ahora se han colocado anglosajones y afroestadounidenses.
El impacto se ha notado desde diciembre, me aseguró Juan Rodríguez. Este activista mexicano vestía una gorra, mascarilla, camiseta negra y pantalón de mezclilla. Me contó que algunos comerciantes venezolanos se han ido a otros puntos de la ciudad, un par de familias colombianas se autodeportaron y regresaron a su país de origen al escuchar que el discurso de Trump arreciaba en contra de los inmigrantes.
—La gente tiene miedo de salir, estamos en una crisis demasiado compleja debido a las declaraciones de Donald Trump —comentó Rodríguez.
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El presidente Trump comenzó su segundo mandato con el pie en el acelerador. Uno de sus primeros decretos, el que buscaba quitarle la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes fue bloqueado temporalmente por un juez federal. La medida que sí avanzó es la que ahora permite al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestar a migrantes en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales.
Desde 2011 se le impedía a ICE y CBP hacer detenciones en esos lugares. El martes, un día después de su juramentación, Trump anuló esa disposición.
En la primera redada bajo la nueva administración federal, ocurrida el jueves, 23 de enero, fueron detenidos varios trabajadores latinos, incluyendo un veterano militar, en las instalaciones de una distribuidora de mariscos en Newark, New Jersey. El alcalde de esa ciudad, Ras J. Baraka, cuestionó que los agentes de ICE no tenían una orden judicial.
—Lo que los inmigrantes deben saber es que a pesar de que ICE llegue a estos lugares, uno sigue teniendo derechos —indicó Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Los Ángeles.
Un colectivo de líderes proinmigrantes en Los Ángeles se congregaron en la Plaza Olvera para enviar un mensaje a la nueva administración federal
En este momento, el presidente está tratando de implementar diferentes mecanismos que produzcan deportaciones exprés. En esa dirección apunta la Ley Laken Riley, aprobada el miércoles por el Congreso con 263 votos a favor—entre ellos 46 demócratas—, la que facilitará la detención de migrantes indocumentados que hayan sido acusados de robo y otros delitos menores.
Trump también canceló, ese mismo día, el reasentamiento de refugiados.
En caso de un operativo de ICE, la abogada Uribe aconseja a los inmigrantes no dar información falsa y pedir a los agentes que bajo la Constitución quieren ejercer su derecho de llamar a su abogado. Por eso considera vital tener una lista de juristas entre sus contactos para localizarlos en caso de una redada.
—Si se te acercan los agentes y te hacen preguntas, tienes el derecho de permanecer callado, no es tu obligación responder a sus preguntas —señaló Uribe.
En medio de este ambiente de turbación, los expertos recomiendan participar en los talleres y asesorarse con organizaciones comunitarias y con abogados que sean reconocidos.
Cada viernes por la tarde, la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (Asosal) realiza jornadas de asesoría legal que se atienden por medio de citas. En medio de la campaña de reinscripción al programa Estatus de Protección Temporal (TPS) que concluye el 18 de marzo de 2025, han tenido que destinar tiempo y recurso humano para atender las múltiples llamadas.
Desde que tomó posesión Trump, en Asosal han aumentado en más del 30% las consultas telefónicas de personas que solicitan orientación sobre ajuste de estatus migratorio y peticiones familiares, indicó Teresa Tejada, directora ejecutiva de esta organización fundada en 1991, ubicada en los alrededores del MacArthur Park.
—La comunidad está asustada, por eso estamos distribuyendo hojas volantes y tarjetas en escuelas para que la gente conozca sus derechos —comentó la activista salvadoreña.
En los primeros cinco días del nuevo gobierno federal, el personal del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem) se ha dedicado a imprimir, fotocopiar y recortar tarjetas rojas sobre los derechos de los migrantes, mientras atienden llamadas de asociaciones de padres de diferentes escuelas del condado de Los Ángeles.
Tan solo el jueves, 23 de enero, recibieron 10 llamadas de diferentes planteles educativos de vecindarios como Lynwood y Lincoln Heights. De igual manera han incrementado en 25% las llamadas sobre diferentes consultas migratorias.
Desde 2012, cuando fue aprobado el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), Cofem estableció una red de centros educativos a los que llevan talleres. En los momentos más álgidos de la ola de deportaciones, en la administración de Barack Obama y en el primer mandato de Trump, llevaron información a esas escuelas. Esta vez harán lo mismo.
—Les queremos infundir confianza, no se delaten ustedes mismos; si llegan a su casa van a llevar una orden de arresto; si no saben su nombre, no van por ustedes, no contesten nada —manifestó Francisco Moreno, director ejecutivo de Cofem, organización fundada en 2002 que se encuentra ubicada al costado norte de la Plaza Olvera.
En las mañanas, los integrantes de Unión del Barrio, organización creada en 2007, realizan patrullajes comunitarios en el sur de Los Ángeles. Salen en sus automóviles a inspeccionar la zona, la idea es identificar la presencia de agentes de ICE. Estos activistas aseguran que ante el terror que está causando Trump la única forma de defenderse es a través de un esfuerzo colectivo, en donde participen los vecinos en coordinación con líderes locales.
—Nos tenemos que organizar —señaló Ron Góchez, fundador de Unión del Barrio en Los Ángeles.
El modelo de coordinación es parecido a lo que sucedió en San Diego hace algunos años. Mientras estaba en la universidad, cuenta Góchez, un inmigrante fue acorralado en su vehículo; ese hombre se negó a abrir la puerta y llamó a miembros de la comunidad. Los vecinos salieron con megáfonos, contactaron a los medios de comunicación y los agentes de ICE tuvieron que marcharse.
—La migra no se fue, el pueblo la sacó —advirtió el activista.
“No tengo para comer, mi mamá a veces nos trae café y pan”, fueron las palabras que marcaron a Ron Góchez.
Ante la llegada de Trump, esta organización se ha unido a más de 20 grupos comunitarios para establecer una red de defensa. El próximo jueves, 30 de enero, van a ofrecer un taller vía zoom a la población migrante. La clave en todo esto, sostiene Góchez, es tener los números de teléfono de los vecinos y saber qué organizaciones operan en su vecindario. Según este activista, en la unión y en la organización está la fuerza, solamente que muchos no saben que tienen esa fuerza.
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Los comerciantes informales en Pacoima, en la esquina del bulevar Laurel Canyon y la calle Osborne, se instalaron como lo hacen cotidianamente. En la mañana del viernes, 24 de enero, asaban la carne para sus tacos, ofrecían sus jugos naturales y vendían muñecos de peluche a la clientela que acude a comprar a las tiendas Target y Ross, ubicadas junto la farmacia CVS, negocios que están separados por 10 metros de los vendedores ambulantes.
—Lo hacemos por necesidad, ¿de qué vive uno? —razonó Alicia.
Esta joven, de 27 años, salió de Guatemala para Los Ángeles en 2019. Su familia pagó un poco más de 12 mil dólares al coyote. En los últimos dos años, su rutina ha sido vender jugos de naranja, zanahoria y piña en jornadas que comienzan a las 7 a.m. y concluyen a las 3 p.m. durante seis días a la semana. Sus ingresos le sirven para ayudar en los estudios a una hermana menor, de 12 años, que vive en la región centro-oriente de su país natal.
—Si me quedo en la casa me va a matar la depresión —admitió.
En el estacionamiento de la tienda Target, aseguró Alicia, los viernes y el fin de semana normalmente los clientes no encuentran espacios disponibles. En cambio durante nuestra visita, a las 10:50 a.m. los usuarios tenían muchas opciones para aparcar sus vehículos. Ella cree que las personas se han resguardado no solo por las amenazas de deportaciones lanzadas por Trump, ha incidido el rumor de que los agentes de ICE andaban en la zona, algo que no ha sido verificado.
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El efecto Trump ha provocado el confinamiento de los migrantes. En consecuencia las ventas han bajado considerablemente, tanto para los que están en la calle como para los propietarios de locales.
—Me da un jugo de naranja con zanahoria, por favor —pidió un muchacho en medio de la entrevista.
—¿Algo más? —preguntó Alicia antes de recibir el pago de $10 por Zelle.
Un día después de la juramentación de Trump, la jefa de Alicia tenía dudas de instalar la carpa y pedirle a la joven que se presentara a vender. Fue la misma empleada quien le dijo a su patrona que no se preocupara, «en el nombre de Dios» todo estará bien. Ella dice que la han tratado de violar y matar, y a la fecha ha salido bien librada. Atribuye esa protección a la fe que profesa, aunque no asiste a ninguna iglesia se declara católica. En vez de angustiarse por algo que no puede controlar y ponerse a llorar, esta joven guatemalteca prefiere enfocar su energía en trabajar.
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